El cuerpo de Luis Eduardo Guerrra, los de su familia y otras cinco personas fueron descuartizados en las veredas Mulatos y Resbalosa.

Artículo publicado en ColomPBIa no 7 en mayo 2008.

Caminando por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, uno se encuentra con un círculo de piedras coloridas. En cada una consta una inscripción, que recuerda las más de 170 personas que han sido asesinadas o desaparecidas durante los 11 años de existencia de la Comunidad, inmortalizando los casos que hasta hoy quedan sin explicaciones y siguen en la impunidad. Varios de estos crímenes ocurrieron pese a que las medidas provisionales otorgadas en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Gobierno colombiano proteger a esta Comunidad que se declaró neutral al conflicto armado en 1997. Entre estas piedras está el nombre de Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes de San José de Apartadó, cuyo cuerpo, los de su familia y los de otras cinco personas, -incluyendo cuatro menores de edad-, fueron descuartizados en las veredas Mulatos y Resbalosa, ubicadas a cinco horas de camino del asentamiento principal de la Comunidad de Paz, en el Urabá antioqueño. Esta masacre tuvo lugar el 21 de febrero de 2005, pero sólo ahora, tres años después de este cruento episodio, las investigaciones de la justicia empiezan a mostrar avances que pueden corroborar la versión de la Comunidad.

Desde el inicio, los miembros de la Comunidad afirmaron que detrás de esta masacre se ocultaban las manos de paramilitares y soldados adscritos a la Brigada XVII del Ejército. A pesar de los comunicados públicos de la Comunidad, corroborados entre otros por una Investigación independiente de un grupo de jueces y fiscales españoles de la asociación Medel¹, algunos medios de comunicación, el Gobierno y el Ejército desacreditaron las acusaciones de los campesinos y negaron cualquier participación de la Fuerza Pública en este crimen. El entonces comandante de la Brigada XVII, el general Héctor Jaime Fandiño Rincón, llegó a afirmar en un comunicado que, dado el modus operandi empleado en el asesinato de estos ciudadanos, no cabían dudas de que las FARC eran las responsables de este crimen atroz.²

Otros sectores de la sociedad colombiana también dieron la espalda a estos campesinos, intensificando los señalamientos y la deslegitimación, asociándolos a la guerrilla. El propio presidente Álvaro Uribe declaró públicamente el 21 de marzo de 2005 que «en esta Comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la Comunidad para proteger a esta organización terrorista».³

Por su parte, el Ejército Nacional publicó en su página web un texto cuestionando la neutralidad de la Comunidad de Paz y llamando la atención a la ex alcadesa de Apartadó, Gloria Cuartas, y al sacerdote jesuita Javier Giraldo, por acusar al Ejército por estos delitos. Las acciones de las ONG en solidaridad con la Comunidad también fueron cuestionadas: «en el caso de San José se unirán a la campaña de desinformación, en el país y en el exterior, todas las ONG simpatizantes de la subversión.⁴

Cabe destacar que en el contexto colombiano, este tipo de declaraciones por parte del Gobierno conlleva un grave potencial de riesgo para los miembros de la Comunidad, ya que insinúa vínculos con un grupo armado ilegal. A su vez, el debate sobre un crimen de lesa humanidad como esta masacre no debería centrarse en supuestos nexos con grupos armados al margen de la ley, sino entorno a una investigación integral, que incluya la versión de todas las partes. Nuevos vientos soplan a favor de la Comunidad de Paz después de que varios paramilitares desmovilizados declararon haber perpetrado esta masacre en colaboración con tropas del Ejército. Según la revista Semana, un excombatiente del bloque Héroes de Tolová contó que «unos 50 soldados al mando del capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez se habrían quedado “asegurando un monte” mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen».⁵

Los elementos probatorios han llevado a la Fiscalía a detener al capitán Gordillo en 2007 y a dictar orden de captura contra otros quince militares de la Brigada XVII, de los cuales dos siguen prófugos de la justicia. De los catorce militares actualmente detenidos, seis tienen medidas de aseguramiento proferidas el pasado 15 de abril.⁶

El propio Gordillo, quien había sido detenido el año pasado, confesó a la Fiscalia el pasado 12 de mayo, que el operativo había sido realizado conjuntamente con paramilitares y con el aval de sus mandos superiores. Esta información fue corroborada por el comandante paramilitar Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, quien en su versión libre admitió que los combatientes del Héroes de Tolová, habían realizado la masacre en complicidad con los militares. ‘Don Berna’ no pudo revelar más detalles sobre este crimen debido a su extradición a los Estados Unidos. «Estos militares fueron detenidos no porque exista una voluntad real de hacer justicia, sino porque hay presión internacional sobre este caso. El Gobierno les mandó a la cárcel apenas para limpiar la imagen constitucional. Estos 15 militares serán remplazados, y todavía no hay órdenes de detención para los demás implicados, otros militares, paramilitares, políticos y empresarios», afirmó Jesús Emilio Tuberquia, líder de la Comunidad de Paz.

El sacerdote Javier Giraldo, quien acompaña la iniciativa de la Comunidad de Paz desde su creación, también destaca la importancia de una investigación amplia de los autores intelectuales del crimen y demás victimarios. «Queda claro, después de tres o cuatro testimonios que se han escuchado, que había complicidad entre militares y paramilitares. Hasta ahora han capturado y vinculado a poca gente y se han enfocado en los autores materiales. Según testimonios de militares hubo un mínimo de 50 militares allí y sólo hay orden de captura contra 15».

La Comunidad de Paz cuestiona la actitud del Gobierno, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre las últimas revelaciones ni se ha retractado de las acusaciones que realizaron hace tres años. «Lo que sí sorprende es el silencio del Gobierno nacional, del estamento militar y de los propios medios de comunicación, que, pese a las evidencias y a las decisiones judiciales, aún no responden por los graves y falsos señalamientos contra la Comunidad de Paz, que, de manera conjunta, relacionaron a sus pobladores con la guerrilla».

Paralelamente a la justicia colombiana, el caso de la masacre de Mulatos y Resbalosa, así como un centenar de otros casos contra miembros de la Comunidad, esperan ahora el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1. ‘’La Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Alrededor de los hechos de Febrero de 2005’’, MEDEL: Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Febrero-Mayo 2006.
2. “Delación, única pista de masacre”, El Colombiano, 04 de marzo de 2005 – publicado en www.ejercito.mil.co/index.php
3. “Verdad en masacre de San José de Apartadó se impone a mentira estatal”, Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación, 16 de abril de 2008 y programa “San José de Apartadó: Tres años después”, Contravía, www.contravia.tv
4. “San José de Apartadó: ¿Comunidad de paz?”, Fundación Verdad Colombia, publicado en www.ejercito.mil.co/index.php
5. “La Comunidad tenía razón”, Semana, 24 de noviembre de 2007
6. “A indagatoria 15 militares por presunta responsabilidad en masacre en San José de Apartadó”, Semana, 27 de marzo de 2008; “Verdad en masacre de San José de Apartadó se impone a mentira estatal”, Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación, 16 de abril de 2008