Desde hace dos años, habitantes del municipio de San Juan Sacatepéquez han venido exigiendo el derecho a ser informados y participar en los procesos de toma de decisión relativos a la construcción de una planta de
cemento y una cantera.

La falta de diálogo entre los distintos actores implicados (gobierno, comunidades, empresa, municipalidad) ha provocado tensiones, protestas, difamaciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellas Rigoberta Menchú, y asesores legales de las comunidades (Asociación de Abogados Mayas de Guatemala), generando un creciente malestar y agudizando la violencia en el área que ha llegado a registrar un total de cuatro agresiones mortales.

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