Esta carta surge del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil española en el marco del Seminario Internacional “Por el derecho a defender los Derechos: Criminalización de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Centroamérica" celebrado en Madrid el 22 de septiembre de 2014

Hoy celebramos el Día Internacional de los Defensores y Defensoras. Las organizaciones abajo firmantes, que trabajamos con y para los defensores y defensoras de derechos humanos (DDH), hacemos un llamado de atención sobre el aumento de los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina. Queremos destacar nuestra preocupación en particular ante los procesos de criminalización que afectan cada vez más a miembros de organizaciones, movimientos sociales, comunidades rurales y pueblos indígenas, que reivindican el cumplimiento de los derechos humanos a lo largo de la región.

En los procesos de criminalización contra defensores y defensoras, se suelen apreciar diferentes acciones y etapas, desde el señalamiento negativo y la difamación por autoridades y en medios de comunicación, la divulgación de rumores dirigidos a poner en duda la legitimidad y honradez personal o profesional, hasta la acusación legal, orden de captura y detención de defensores y defensoras. Según la entonces Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, su “señalamiento como “terroristas”, “enemigos del Estado” o como “una amenaza a la paz, la seguridad pública, nacional y moral” por parte de las autoridades estatales, medios de comunicación y de actores no estatales, es una tendencia creciente, y preocupante, dado que se utiliza para deslegitimar su labor y ello incrementa su vulnerabilidad.

La criminalización de la defensa de derechos humanos implica además el uso por parte de algunas autoridades del poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a las defensoras y defensores de derechos humanos. Especialmente preocupantes son las detenciones arbitrarias o sin respetar los estándares del debido proceso y la utilización de tipos penales amplios, que no satisfacen el principio de legalidad, reportándose acusaciones de terrorismo, usurpación agravada, utilización de leyes de desacato, etc.

Los defensores y defensoras también son objeto de criminalización por acciones directas o indirectas de actores no-estatales, tales como empresas, medios de comunicación, cuerpos privados de seguridad y otros. Este escenario se observa sobre todo en el contexto de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), ambientales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en áreas donde las comunidades que ocupan tierras de interés para el desarrollo de megaproyectos como las explotaciones mineras, hidroeléctricas o forestales.

Las organizaciones abajo firmantes hacemos hincapié y solicitamos a la UE y los Estados miembro para que, en su diálogo político con terceros países, soliciten a sus instituciones y autoridades públicas a adoptar medidas para:

  • Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, y proteger a quienes los defienden y promueven. En particular:
    • respetar y velar por el cumplimiento de los derechos a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, u otra población afectada por proyectos de explotación de la tierra o los bienes naturales;
    • respaldar públicamente la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos.
  • Posibilitar la investigación y esclarecimiento de amenazas y agresiones contra actores sociales que defienden y reivindican derechos humanos denunciadas ante las autoridades públicas.
  • Velar por el correcto y equilibrado funcionamiento de la administración de justicia, adoptando medidas que posibiliten:
    • el acceso inmediato a la información sobre las acusaciones o cargos,
    • el respeto de estándares internacionales del debido proceso en caso de detención de personas y de los derechos de personas detenidas,
    • la investigación profunda y ágil de las acusaciones y, en caso de existir fundamento para la persecución penal, la tramitación sin demoras de las audiencias y procesos judiciales, respetando en todo caso la proporcionalidad de las penas en caso de condena,
    • la anulación de órdenes de detención que no están fundamentadas o actualizadas, evitando que permanezcan vigentes por largo plazo,
    • el disfrute en todo caso de estas y otras garantías del debido proceso y la independencia judicial, particularmente ante acusaciones planteadas contra defensores y defensoras de derechos humanos debido a la labor que realizan en contextos donde se proyectan o ejecutan proyectos de explotación de la tierra y los bienes naturales.
  • Emplear el diálogo para abordar y resolver los conflictos. En concreto:
    • tomar como punto de partida en los procesos de diálogo el respeto y la protección de los derechos humanos y de sus defensores y defensoras;
    • asegurar el equilibrio en la participación de las partes y en el peso de sus preocupaciones, planteamientos y propuestas de las partes partiendo del cumplimiento obligado de los derechos humanos;
  • Velar para que las disposiciones jurídicas y administrativas internas no obstaculicen la labor de defensa de los derechos humanos, de manera contraria al derecho internacional.

Además, las organizaciones abajo firmantes hacemos hincapié en la importancia de redoblar los esfuerzos para lograr la plena aplicación de las Directrices de la Unión Europea (UE) sobre los defensores de los derechos humanos y damos la bienvenida a la adopción por el Consejo de la UE de las Conclusiones sobre el 10º Aniversario de las Directrices. Algunas recomendaciones para las delegaciones de la UE y los Estados miembro, en relación a la criminalización de defensores y defensoras son:

  • Hacer uso de declaraciones públicas que apoyen el trabajo de los y las defensoras y pronunciarse públicamente en caso de graves amenazas u otros ataques en su contra.
  • Observar audiencias y juicios de defensores y defensoras que enfrentan acusaciones legales, en especial las y los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales así como rurales.

  • Buscar una mayor coherencia entre las diferentes áreas de trabajo de las misiones de la UE y los Estados miembro, particularmente entre intereses comerciales y la obligación de respetar los derechos humanos.

  • Garantizar que se integra la perspectiva de género en todas estas peticiones, teniendo en cuenta el impacto diferenciado que sufren las defensoras de derechos humanos en razón del género, en contextos de gran discriminación y violencia contra las mujeres.

Esperamos continuar trabajando para apoyar la labor de los defensores y defensoras en su papel crucial de promoción y protección de los derechos humanos y en su trabajo por la construcción de sociedades más justas e igualitarias todo el mundo.

 

Madrid, 9 de diciembre de 2014

Amnistía Internacional España

Asociación Paz con Dignidad

Asociacion Pro Derechos Humanos de España (APDHE)

Asociacion de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)

Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

Calala Fondo de Mujeres

Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca (CDHHG)

Equipo GUAM

Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO-Madrid

Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)

InspirAction

Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid

Plataforma Justicia por Colombia, integrada por CEAR, IEPALA, OSPAAAL, COMADEHCO, Comité Oscar Romero y Ecologistas en acción.

Red de Apoyo a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DEFENRED)

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, (SODEPAZ)

 

También se han adherido las siguientes organizaciones:

Àgora Nord Sud

Alianza por la Solidaridad

Amigos de la Tierra

Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)

Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Integrando (Asociación Integrando)

Asociacion Pro Derechos Humanos- APRODEH- Peru

Ana Silvia Monzón, socióloga feminista, Guatemala.

Asociación Servicios de Capacitación Técnica y Educativa -SERCATE- Guatemala

Asociación Q'anil, Leonor Hurtado Paz y Paz, Guatemala.

Centro de la Mujer Flora Tristan - Perú

Convergencia por los Derechos Humanos integrada: Centro para el Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Centro para el Análisis Legal y Derechos Humanos (CALDH), Centro de Análisis Legal-Ambiental y Social (CALAS), Asociación El Refugio de la Niñez, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA), Unidad Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG), Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM).

Cooperacció 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Comision de Solidaridad, Justicia y Desarrollo, Chiclayo. COSDEJ- Perú.

Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano de Pasco, Perú.

Economistas Sin Fronteras

Enginyeria Sense Fronteres

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

Entrepueblos-Andalucia.

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer - DEMUS- Perú

Institut de Drets Humans de Catalunya

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz - IPEDEHP

Jesús Antonio Villar, Sagrada Tierra, Guatemala.

Justicia Alimentaria Global (VSF)

María Luisa Rosal Paz, Guatemala.

Mujeres Abriendo Caminos, Los Angeles

ONG Sagrada Tierra, Guatemala

Plataforma 2015 y más

Raul Molina Mejia, Profesor de Historia, Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile.

Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España

Red Regional agua, desarrollo y democracia -REDAD- Perú.

Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala

Solidaridad Internacional –Andalucía