No todas las familias celebran de manera idéntica el día de la madre. En México, miles de madres pasan el 10 de mayo como cualquier otro día: buscando a sus hijos desaparecidos y exigiendo a las autoridades que investiguen sus desapariciones. Este domingo, tal como el año pasado, voluntarios de Peace Brigades International (PBI) acompañarán la Marcha de la Dignidad en la Ciudad de México.

 

       Madres y activistas durante la marcha de 2014 © PBI México

 

“Se ha alargado la noche, se ha alargado la agonía y seguimos en lo mismo, patinando, y no encuentra nada el gobierno mexicano”: padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa ha catapultado México y el tema de desapariciones forzadas para el centro de la atención internacional. Desde entonces, un poco por todo el mundo, activistas y manifestantes adoptaron “#Fue el estado” como lema de una campaña global que exige la responsabilización de las instituciones involucradas en los hechos de Iguala, Guerrero. En ese marco, manifestaciones de solidaridad con los familiares de los estudiantes y de rechazo ante la actuación de las autoridades se multiplicaron. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización acompañada por PBI desde 2003, brinda asesoría jurídica a los familiares de los 43 normalistas.

A pesar de la trascendencia del caso y de la presión hacia las autoridades mexicanas para que presenten resultados indudables sobre las investigaciones, la incertidumbre persiste. De entre las varias versiones sobre lo que pasó la noche del 26 de septiembre, resaltan la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), que confirma que fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien ordenó el ataque y el relato de Omar García -estudiante que sobrevivió al ataque- y que coloca a elementos del ejército en la escena de los hechos.

Por falta de certeza en cuanto a las conclusiones presentadas por la PGR, los familiares de los desaparecidos solicitaron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) acompañamiento del caso. En febrero de 2015, el EAAF publicó un informe donde dio a conocer siete fallas procedimentales de la PGR.

En noviembre también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43, asignó un Grupo Internacional de Expertos Independiente (GIEI) para, entre otros, elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales. Este grupo publicó informes por ocasión de su primera visita a México en marzo y también luego de la segunda, en abril. Entre otros, el GIEI ha solicitado reclasificar el delito de homicidio por el de desaparición forzada y abrir nuevas líneas de investigación.

El trabajo de OSCs mexicanas y de las propias familias no permite que el caso caiga en el olvido. Por consiguiente, Ayotzinapa ha despertado a la población mexicana, quien salió a las calles del país para exigir la presentación con vida de los 43. Organizaciones civiles relatan que muchas de las manifestaciones que se siguieron quedaron marcadas por actos de represión y criminalización de la protesta, con varios casos de abuso de fuerza pública y detenciones arbitrarias.

                Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa © PBI México

 

“La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas” Observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Sin embargo, Ayotzinapa está lejos de ser un caso aislado y eso lo demostraron claramente los operativos de búsqueda de los 43 normalistas. La PGR indicó que desde esa noche hasta febrero 2015 fueron encontradas 38 fosas clandestinas en Iguala, con un total de 87 cuerpos humanos, ninguno de los cuales vinculado con los ataques del 26 de septiembre. La pregunta que se hace en México es de quien son esos cuerpos. Según las últimas cifras oficiales de la PGR, habrá al menos 22.322 posibilidades. Eso es el número que la PGR asume como el total de personas “no localizadas” en México. Un número asombroso, pero que no alcanza a reflejar integralmente la realidad de las desapariciones en el país ya que según la organización de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) esta cifra se elevaría a un total de 17 desapariciones cada día -más de 6 mil cada año- caso tomáramos en cuenta todos los casos de desaparición no reportados por miedo o falta de fe en el sistema. En 2013, Human Rights Watch (HRW) documentó 249 casos de desaparición, 149 de los cuales podrían ser calificados como desapariciones forzadas (perpetrados por fuerzas estatales). En 60 casos, HRW pudo comprobar colaboración directa con el crimen organizado y en 20 casos de desaparición forzada por la Marina entre junio y julio 2011, el tamaño de la operación sugería un nivel significativo de planificación y coordinación.

El asunto tampoco es nuevo: la raíz del problema de la desaparición forzada en México se remonta a los años sesenta y a la llamada Guerra Sucia. Según Amnistía Internacional, al menos 700 casos quedan no resueltos de dicho periodo. Uno de los procesos más paradigmáticos es el caso de Rosendo Radilla, activista desaparecido tras haber sido detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en agosto del 1974. Su hija, Tita Radilla ha sido acompañada por PBI desde 2003, debido al nivel de riesgo que ha conllevado su búsqueda incansable. En el 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) estableció la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida del señor Radilla. Por la transcendencia de ese fallo, fundamentalmente en la medida en que establece restricciones al fuero militar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) integró el expediente del caso en el programa de la memoria del mundo.

Un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias destaca que el estado mexicano reconoció la responsabilidad de tres presidentes en las atrocidades de la guerra sucia, rechazando entonces la teoría que agentes de las fuerzas armadas actuaron a su propia iniciativa. A diferencia de la Guerra Sucia, cuando las desapariciones se dieron en un contexto de represión hacia la oposición política, hoy es difícil identificar un patrón que une las víctimas de desaparición forzada.

                     Tita Radilla e integrantes de AFADEM, Guerrero © PBI Mexico

Sin embargo, hay organizaciones quienes colocan el nivel de colusión entre el crimen organizado y el estado como elemento clave para entender la problemática. Otras organizaciones vinculan los focos de desapariciones con la riqueza que esos lugares representan para industrias extractivistas, como son los casos del agua, minerales y gas.

Un ejemplo es el de la Sierra Tarahumara, una región rica en recursos y donde las poblaciones indígenas vienen enfrentando varias situaciones de conflictos generados por procesos extractivistas. Simultáneamente, el numero de desaparecidos, especialmente de hombres jóvenes, se vino multiplicando. El Centro de Derechos Humanos de la Mujer, de Chihuahua, tiene registro de más que mil 500 casos de desapariciones en el estado norteño. En la ciudad de Cuauhtémoc, el portal a la Sierra Tarahumara, han sido reportados como desaparecidos más de 350 personas.

Aquí también fue el estado” Familiares de desaparecidos en Allende, Coahuila

Indudablemente, el fenómeno de desaparición forzada se manifiesta del norte al sur del país. Al respeto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) subrayó que la problemática era "generalizada en gran parte del territorio" y que la impunidad “se expresa en la casi inexistencia de condenas”.

El 3 de marzo de 2015 se cumplieron cuatro años sin justicia para el caso de la masacre de Allende, localidad del estado norteño de Coahuila. Según testimonios, esa tarde llegaron aproximadamente 40 camionetas con hombres armados, cerraron las salidas y, durante días, presuntamente con el apoyo de la Policía Municipal, desaparecieron y asesinaron a más de 300 personas.

Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE), los hechos habrían ocurrido el 3 de marzo del 2011, sin embargo no fueron emprendidos operativos de búsqueda hasta el 27 de enero de 2014, casi tres años después. Ese mismo día veinte ex-funcionarios del estado, entre ellos ex-alcaldes y ex-jefes policiacos, fueron citados con respeto a las desapariciones. En diciembre de ese año, la PGJE declaró que fueron 28 desaparecidos, y no 300 como reportado. Las familias siguen exigiendo justicia.

“El Grupo de Trabajo recomienda que la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos deber ser garantizada, incluida la de quienes laboran contra la desaparición forzada y defendiendo los derechos de las víctimas” Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

Las personas defensoras de derechos humanos que llevan casos de desapariciones, especialmente los casos de desapariciones forzadas, están bajo un preocupante nivel de riesgo ya que denuncian crímenes cometidos por fuerzas de la autoridad. Un ejemplo reciente es el del centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, del estado sureño de Guerrero, víctima de difamaciones y vigilancia por parte de las autoridades mexicanas.

En Chihuahua, PBI acompaña al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) de Ciudad Juárez, que lleva varios casos de desaparición forzada. Por su elevado nivel de riesgo, sus integrantes son beneficiarios de varias medidas de protección, entre las cuales el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas y Medidas Cautelares de la CIDH. Han sido blanco de amenazas y hostigamiento por parte de autoridades federales y estatales y sufrieron un allanamiento a sus oficinas perpetrado por agentes de la Policía Federal Preventiva quienes forzaron las cerraduras y rompieron vidrios para introducirse al lugar y robar documentación.

En el estado de Coahuila, PBI acompaña desde febrero 2014 tres organizaciones trabajando el asunto. El Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDDHFJL) de Saltillo y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi (CDHJG), de Torreón, acompañan a cienes de casos de desapariciones tanto en el estado como en otras regiones, y acompañan a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y FUNDEM. En 2007, una integrante del CDDHFJL fue agredida mientras hombres desconocidos entraban al centro y revisaban información sensible. Y, en 2012, el CDHJG fue allanado por el ejército, junto con efectivos de las policías estatal y federal. La Casa del Migrante de Saltillo, que documenta casos de desapariciones de migrantes sufrió 74 agresiones entre 2010 y 2014. A su turno, FUUNDEC y FUNDEM están compuestas por familiares de personas desaparecidas, varias de las cuales también han sufrido intimidación y hostigamiento durante la búsqueda por sus seres queridos.

Las recomendaciones que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTD) hizo al Estado Mexicano en diciembre de 2011 siguen muy actuales: “la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos deber ser garantizada, incluida la de quienes laboran contra la desaparición forzada y defendiendo los derechos de las víctimas”.

“Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros de que están vivos.” Padre de normalista

El 13 de febrero de 2015, el CED examinó el informe presentado por México y presentó sus observaciones al respeto. En ese documento, el CED resalta que la problemática es "generalizada en gran parte del territorio" y que la impunidad al respeto “se expresa en la casi inexistencia de condenas”. Luego que el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, señaló “inexactitudes” en la respuesta del CED al informe presentado por México, PBI México, junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Servicio Internacional Para los Derechos Humanos (ISHR), emitió un pronunciamiento público expresando que las las observaciones finales del CED deben constituir una hoja de ruta de observancia cautelosa por parte de las autoridades mexicanas.

Entre las varias observaciones del CED, se recomendaba la aprobación de una ley general sobre desaparición, la creación de un registro nacional único de personas desaparecidas y que se empiecen investigaciones inmediatamente después de ocurrida una desaparición. De hecho, ya en el 2011, el GTD había hecho recomendaciones en el mismo sentido: la creación de un base de datos a nivel nacional, la adopción de un marco legal adecuado, y un programa nacional de búsqueda con un protocolo de acción inmediata.

Paralelamente, entre diciembre de 2014 y marzo de este año, fueron presentadas diferentes propuestas para una ley general para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas. Entonces, el 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que faculta al Poder Legislativo la aprobación de leyes en materia de desaparición forzada y tortura. Este es un primer paso para que se pueda crear una Ley General sobre Desapariciones y cumplir así con la recomendación de la ONU.

                   Voluntarios de PBI observan la marcha de 2014 © PBI Mexico

PBI respalda las exigencias de FUUNDEC y FUNDEM en el sentido de un reconocimiento público de la dimensión del problema y de una sistematización de los reportes de desaparición a nivel nacional. Asimismo, PBI insta a las autoridades mexicanas a seguir cooperando con el CED en virtud del artículo 29 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, dando seguimiento a sus recomendaciones de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos mediante la ratificación de la Convención y la aceptación del Comité de expertos que supervisa su aplicación conforme al artículo 26(1).
Finalmente, PBI exhorta el estado mexicano a reconocer públicamente la legitimidad y la importancia de la labor de personas de derechos humanos quienes combaten las desapariciones y la impunidad que las acompaña. PBI considera que sólo así se podrá garantizar la seguridad de quienes dedican sus vidas al cambio de este panorama.