“Defender los derechos humanos es un derecho”. Esta ha sido una reivindicación histórica por parte de personas, organizaciones y movimientos sociales comprometidos con la igualdad y la justicia a lo largo de todo el mundo. Pero la comunidad internacional no lo reconoció hasta 1998, año en el que fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos que, en su primer artículo, establece que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Brigadas Internacionales de Paz (PBI) ha contribuido a lograrlo gracias al trabajo de acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos que llevamos a cabo desde más de 30 años.

Las y los defensores se caracterizan por el tipo de actividades que realizan, que pueden ir desde la difusión de información para la defensa del territorio y del medio ambiente, la búsqueda de verdad y justicia sobre desapariciones, hasta el apoyo a víctimas de desplazamiento forzado. Las personas defensoras pueden ser abogados o abogadas que brindan asesoría legal o comunidades indígenas que luchan por su autonomía y pueden trabajar en torno a cualquier tipo de derecho humano, ya sea político, civil, económico, social, cultural o ambiental, y en cualquier parte del mundo sin discriminación alguna. Es preciso señalar que las actividades de defensores y defensoras deben realizarse de forma pacífica y noviolenta.

Fue necesario el reconocimiento del derecho a defender los derechos humanos y de la figura del defensor o defensora debido a los peligros que enfrentan por realizar su trabajo y por tanto a la necesidad de brindarles protección. Organismos nacionales e internacionales han expresado su preocupación ante los obstáculos y las agresiones de que son objeto muchas personas defensoras de los derechos humanos, que van desde el seguimiento, las difamaciones y las amenazas, hasta el asesinato o desaparición.

La presente exposición pretende ser un homenaje sincero a las defensoras y defensores de derechos humanos a los que hemos acompañado a lo largo de más de 30 años de trabajo. Se compone de 22 fotografías, en su mayoría realizadas por las y los voluntarios de PBI, que intentan reflejar la diversidad de personas y organizaciones acompañadas a lo largo de este tiempo y que nos ratifican en la necesidad de seguir acompañando su compromiso. Rostros que luchan. Defensores y defensoras de derechos humanos en primer plano es una herramienta de sensibilización para acercar a la ciudadanía la necesaria labor que desarrollan las personas defensoras en la consecución de sociedades más justas e igualitarias.

 


Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
Colombia
Fotografía: Jorge Mata

Darwin de Jesús Cifuentes y Jhon Jairo González son solo dos de las más de 18.000 víctimas de desapariciones forzadas que existen en Colombia. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) se creó en 1983 intentando dar respuesta a los cientos de interrogantes que se hacían, inevitablemente, los familiares: ¿dónde está? ¿quién se lo ha llevado? ¿por qué se lo han llevado? Ante el dolor y la angustia de no saber qué ha pasado con su ser querido y ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, ASFADDES emprende acciones para encontrar a quienes desaparecieron, exige investigaciones y sanciones a los responsables y da apoyo moral a quienes nunca dejarán de buscar.


Tita Radilla. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (AFADEM)
México
Fotografía: Eduardo León

El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo público su fallo contra el Estado mexicano, al que responsabiliza de la desaparición de Rosendo Radilla, el padre de Tita. Era el final de un arduo camino que ella y su familia emprendieron en 1974, cuando Rosendo fue detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez (Guerrero) y posteriormente desaparecido. Un camino en el que han venido exigiendo verdad, justicia y reparación. La condena de la CoIDH es una pequeña luz al final de túnel (ya que obliga al Estado a la investigación y el resarcimiento) y un halo de esperanza para las demás familias de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (AFADEM) que, igual que la familia Radilla, buscan a sus seres queridos.


Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)
Guatemala
Fotografía: PBI

Viudas del conflicto armado que fundaron en 1988 la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). Reivindican la recuperación de la memoria histórica y buscan justicia y dignificación para las víctimas, así como reparación para sus familiares. Desde esta organización, que nació “del dolor y sufrimiento que nos unen los varios años de grandes injusticias y marginación”, impulsan diferentes acciones como programas de exhumación de restos de víctimas de la guerra. Además, reclaman que la voz de las mujeres sea escuchada y no reprimida, como lo ha sido históricamente.

 

 

 

 

 


Padre Uvi. Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA-DH)
México
Fotografía: Emma Marshall, PBI

Todo el mundo conoce a Wilfrido Mayrén Peláez como Padre Uvi. Forma parte del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca-DH), desde donde se emprenden acciones para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en el estado de Oaxaca, México. Ha dedicado la mitad de su vida a labores de pacificación de diferentes conflictos que atenazan la zona, entre ellos los de Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucán y San Juan Copala, lo que le ha valido ser víctima constante de hostigamientos, difamaciones y amenazas de muerte. El Padre Uvi se ha mostrado como un defensor incondicional de los pueblos que padecen injusticias y abusos por parte de las autoridades.


David Ravelo. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)
Colombia
Fotografía: PBI

Más de mil días son los que lleva encarcelado el defensor de derechos humanos David Ravelo, condenado por homicidio en un proceso plagado de irregularidades y basado en declaraciones de testigos poco fiables. Miembro fundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), ha trabajado incansablemente por la justicia, la verdad y el fin de la impunidad en la región del Magdalena Medio, Colombia, zona especialmente castigada por el azote paramilitar. Durante todo ese tiempo él y su familia han sido blanco constante de amenazas de todo tipo y es por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares en el año 2000, al considerar su situación de riesgo.


Jorge López. Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS)
Guatemala
Fotografía: Eduardo León

Jorge López es director de la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS), cuyo principal enfoque de trabajo es el acompañamiento a personas que viven con el VIH. Se enmarca en una labor más amplia de defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intergénero (LGTBI) que vienen sufriendo históricamente discriminación, exclusión y represión. “En Guatemala la gente se alarma por pensar con quiénes estamos durmiendo, pero no se inmutan por los graves asesinatos que se comenten en contra nuestra”. Los ataques contra estas personas tienen altos índices de impunidad e invisibilización. No hay datos específicos sobre estos actos de violencia, motivados por el odio, que se ocultan bajo el rubro de violencia común. Organizaciones como OASIS apelan a la necesidad de intervenir en las condiciones sociales que son la base de la discriminación y sus consecuencias.


Valentina Rosendo. Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM)
México
Fotografía: PBI

Valentina, mujer indígena me’phaa del estado de Guerrero, fue violada y torturada por efectivos del ejército mexicano en el año 2002. Empezó a buscar justicia tras sobrevivir a ese acto aberrante. En muchos momentos, dice Valentina, quiso dejar la lucha, sobre todo cuando intentaron llevarse a su hija de la escuela. ¿Vale la pena continuar?, se preguntó en esos momentos. La respuesta fue sí, hay que seguir, por todas esas mujeres que han sufrido lo mismo que ella. En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por su caso. Un año después tuvo lugar el anhelado acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. “Mujeres, luchar es salir adelante, romper la cadena de la impunidad”, dijo Valentina en ese acto. Y los centenares de personas presentes en el auditorio se levantaron y aplaudieron a la mujer digna.


Andrés Gil. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)
Colombia
Fotografía: PBI

Andrés Gil y otros cinco miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) fueron encarcelados entre finales del 2007 e inicios del 2008 acusados de rebelión. El caso fue finalmente archivado debido testimonios contradictorios y a la ausencia de pruebas, pero costó a Andrés Gil casi dos años de privación de libertad. Este proceso de judicialización es uno más de los graves ataques de los que esta organización campesina y sus miembros han sido víctimas a causa de su lucha por la tenencia y redistribución de la tierra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares en el año 2000 al considerar su situación de seguridad de extrema vulnerabilidad por haber sido declarados objetivo militar por grupos paramilitares y ser objeto, de forma sistemática, de amenazas y atentados. La ACVC cuenta con unos 25.000 miembros y desarrolla su trabajo comunitario, político y social en unas 120 veredas ubicadas en la región del Magdalena Medio.


Las 12 comunidades maya kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez
Guatemala
Fotografía: Comunidades de SJS

En 12 comunidades maya kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez (departamento de Guatemala), la vecindad organizada participa en procesos de defensa del territorio y los recursos naturales. Desde el 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. viene impulsando el Proyecto San Juan, que contempla la apertura de una cantera y la construcción de una fábrica de cemento. En mayo del 2007 las comunidades, tal y como contempla el Convenio 169 de la OIT, llevaron a cabo una consulta popular sobre la instalación del megaproyecto en la que una amplia mayoría votó en contra. A pesar de esto, la empresa continuó con los trabajos ignorando los resultados. La oposición a la cementera ha causado a la población sanjuanera agresiones de todo tipo, entre las que destaca una fuerte campaña de criminalización. Decenas de líderes han sido detenidos y algunos siguen con procesos judiciales abiertos, al mismo tiempo que se suceden los hostigamientos por parte de empleados de la empresa y otros actores. Las comunidades de San Juan Sacatepéquez exigen el respeto a su cosmovisión y a un desarrollo propio que tenga en cuenta sus tradiciones.


Rogelio Martínez. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
Colombia
Fotografía: PBI

El 18 de mayo del 2010 unos encapuchados asesinaron de siete disparos a Rogelio Martínez, líder campesino y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Sucre (MOVICE). Rogelio, junto con otros integrantes del MOVICE Sucre, lideraba el retorno a la finca La Alemania, municipio de San Onofre, de medio centenar de familias que tuvieron que huir a principios del año 2000 cuando fue ocupada con violencia por los paramilitares de alias “Cadena”,. El MOVICE Sucre y sus integrantes se han destacado por su valiosa defensa de los derechos de las víctimas y la lucha por el territorio. Desde su nacimiento en 2006 han sido blanco de múltiples agresiones, entre las que se encuentra el asesinato de dos de sus líderes y un proceso judicial contra otro de ellos, Carmelo Agámez, que lo tuvo tres años en la cárcel. Julia, la esposa de Rogelio, sigue en la lucha por la verdad y la justicia, pero hasta hoy no hay avances judiciales en el caso. Tampoco las familias han podido retornar a La Alemania.


Comisión para las personas desaparecidas y las víctimas de la violencia (KontraS Papua)
Indonesa
Fotografía: PBI

La Comisión para las personas desaparecidas y las víctimas de la violencia KontraS Papua (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) nació en el año 1998, en el contexto del régimen autoritario de general Suharto, con el objetivo de trabajar por la defensa de los derechos humanos y poner fin a todas las formas de violencia y represión, sobre todo las provenientes del estado. Uno de sus principales ejes de trabajo está enfocado en las desapariciones forzadas que la organización afirma que tuvieron lugar de manera masiva durante el mandato de Suharto y también con posterioridad a este. Estas desapariciones se produjeron contra toda persona que se oponía al régimen, especialmente en el movimiento estudiantil indonesio. KontraS ha hecho especial énfasis durante toda su trayectoria en la necesidad de transformar la cultura de militarismo profundamente arraigada en el país, causante de muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas. No hay cifras exactas del número de personas desaparecidas en el país, pero se presume que son miles.

 

 


Unidos por la Verdad (BUK)
Indonesia
Fotografía: PBI

La lucha contra la impunidad y el desarrollo de estrategias pacíficas para obtener la verdad, la justicia y la reparación empujaron a papús supervivientes de la violencia a organizarse y crear la plataforma Unidos por la Verdad (Bersatu Untuk Kebenaran, BUK). En Papúa, la provincia más oriental de Indonesia, se ha producido un deterioro de los derechos humanos en los últimos años y una escalada de la represión contra la población papú, que reivindica una mayor autodeterminación y cuestiona la política del gobierno indonesio sobre los recursos naturales de su territorio. Forman parte de BUK personas y organizaciones que han sido víctimas de algún episodio de violencia, como por ejemplo los incidentes en Abepura en el 2000, cuando la policía irrumpió en varias residencias de estudiantes. Siete civiles murieron y centenares resultaron heridos.


Laxmi Khadka Comité de víctimas del conflicto (CVC)
Nepal
Fotografía: PBI

En el año 2003, los maoístas irrumpieron en casa de Laxmi Khadka y se llevaron a su marido, diciendo que querían hablar con él. Nunca más lo volvió a ver. El dolor de Laxmi se convirtió en coraje. Se integró en el Conflict Victims’ Committee (CVC) y, junto con otras víctimas del conflicto en Bardia, oeste de Nepal, trabaja para que sus voces sean escuchadas. Al principio, cuando supo de este grupo de apoyo, tuvo miedo de acudir, ya que muchas eran víctimas de estado y ella lo era de los maoístas. Después de la firma de los acuerdos de paz del 2006 entre estos y el Gobierno, la división entre grupos de víctimas era algo continuo. Poco después pudo comprobar que el CVC es una plataforma para todas las personas que han sufrido violencia durante el conflicto, independientemente de quién haya sido el agresor. Las necesidades, el dolor y la tristeza son los mismos para todas las víctimas.

 


Comunidad Indígena Nonam Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)
Colombia
Fotografía: PBI

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) es una ONG defensora de derechos humanos que acompaña a comunidades y organizaciones que afirman sus derechos sin el uso de la violencia en zonas de conflicto armado. La Comisión apoya experiencias concretas de búsqueda de verdad, justicia y reparación y de salidas políticas negociadas al conflicto armado interno. El trabajo de la Comisión se enfoca en la protección integral del territorio —restitución de la propiedad de afrodescendientes, indígenas y mestizos; protección del uso tradicional del territorio y su biodiversidad—, la afirmación de los derechos frente a la industria de agrocombustibles y sus implicaciones en la seguridad alimentaria, así como la denuncia de los atropellos de los actores armados protagonistas del conflicto en Colombia. La Comisión acompaña a la comunidad indígena Nonam desde 2010 cuando una incursión paramilitar en la región obligó a la comunidad a abandonar su hogar y desplazarse a Buenaventura. En junio de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 21 familias de la comunidad. Con el acompañamiento de la CIJP, la comunidad nonam regresó a su hogar, Santa Rosa de Guayacán, en agosto de 2011. Los Nonam han creado un resguardo humanitario y biodiverso, instalando vallas donde visibilizan su territorio y prohíben el ingreso de cualquier actor armado.


Emmanuel Goo
Indonesia
Fotografía: PBI

Emanuel Goo era muy conocido por su trabajo como periodista independiente y escritor de Nabire, Papúa. Miembro de la Alianza de Periodistas Independientes de Papúa AJI (Aliansi Jurnalis Independen), escribía para el semanal Suara Perempuan Papúa (Voz de las mujeres de Papúa) sobre las prácticas políticas corruptas y la extracción ilegal de recursos. Además de su trabajo como periodista, Emmanuel Goo era un firme creyente en el desarrollo de la sociedad civil a través del trabajo social, fue fundador del Instituto para el Empoderamiento de la sociedad de Papúa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Papúa), que se centró en el uso de la paz y la educación jurídica sobre derechos humanos, derechos civiles y derechos a la tierra. Como resultado de su trabajo, Emanuel Goo fue objeto de amenazas, intimidación y vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad durante los últimos años de su vida (Falleció el 24 de mayo de 2010 a los 34 años de edad).


Doña Brígida. Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Colombia
Fotografía: PBI

La población campesina de San José de Apartadó ha vivido durante décadas en medio del conflicto armado. Los intereses económicos presentes en Urabá (noroeste de Colombia) y su posición geoestratégica han convertido esta región en uno de los focos del conflicto armado interno. En 1996 se acentuaron las agresiones de los actores armados contra la población civil, y entonces esta comunidad campesina creó una experiencia pionera en la región: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, declarándose en 1997 neutral frente al conflicto armado y rechazando la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Como resultado de esta resistencia y lucha no violenta han sido asesinados 210 miembros de la Comunidad por los distintos actores del conflicto.
Doña Brígida es una mujer incansable, representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Aunque a Doña Brígida le han matado dos hijas, continúa denunciando la violación sistemática de los derechos humanos que sufre la población civil colombiana en general, y su comunidad en particular.


Jitman Basnet
Nepal
Fotografía: PBI

Jitman Basnet es periodista y abogado de derechos humanos en Katmandú. Además es Secretario General del Foro de Abogados por los derechos humanos (Lawyer’s Forum for Human Rights - LAFHUR), una ONG que combate la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. En el 2004, durante el conflicto entre el gobierno y los maoístas, Jitman Basnet fue detenido arbitrariamente y torturado por el Ejército Real de Nepal. Después de recuperar su libertad publicó el libro 258 Días Oscuros, donde narraba su detención en la prisión del batallón Bhairabnath, y sobre numerosos casos de tortura, violaciones sexuales y asesinatos impunes contra prisioneros, perpetrados por el personal penitenciario. Este hecho le llevó a recibir numerosas amenazas de muerte y, a consecuencia de ello, fue forzado a exilarse en India, regresando a Nepal en el 2008. Jitman continúa trabajando en favor de los derechos humanos, lleva especialmente casos contra la impunidad asociada con el conflicto entre el gobierno y los maoístas, como el apoyo a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el distrito Koluhumbu, donde se perpetraron 80 ejecuciones durante el conflicto.

 


Manika Jha
Nepal
Fotografía: PBI

Manika Jha es periodista y la única mujer reportera en el distrito de Dhanusa, una de las regiones más inestables de Nepal. No ha podido elegir un camino más difícil en una sociedad conservadora dominada por los hombres, donde reinan la impunidad y la corrupción. En sus artículos habla de violaciones de los derechos de las mujeres, de la violencia doméstica y de la corrupción, temas sensibles e incómodos que a muchos les gustaría que fueran silenciados. En enero de 2009, una colega fue asesinada y en el mismo día alguien dibujó una cruz en la puerta de su casa amenazando que sería la próxima. Las amenazas fueron seguidas por ataques físicos, incluyendo un intento de asesinato en mayo de 2010. “Mi situación es muy peligrosa”, afirma Manika que buscó el apoyo de una organización local y “por suerte, me pusieron en contacto con Brigadas Internacionales de Paz”.


Lorena Cabnal, Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán de Jalapa (AMISMAXAJ)
Guatemala
Fotografía: PBI

Lorena Cabnal se define como mujer Maya-Xinka y feminista comunitaria. Junto a otras compañeras fundó la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán de Jalapa (AMISMAXAJ), que actualmente representa a mujeres de 15 comunidades Xinkas. El trabajo de AMISMAXAJ se realiza actualmente a nivel local, departamental y nacional, desde un planteamiento político contra toda forma de opresión patriarcal, neoliberal, racista, homófoba y lesbofóbica. Ha establecido alianzas estratégicas territoriales y nacionales para el impulso de su acción política, trabajando activamente en la región de Jalapa en la promoción de los derechos de las mujeres, la revitalización de su identidad étnica Xinka y en la defensa de la tierra y el territorio. En particular, desarrolla un trabajo activo en la defensa de los bienes naturales y en procesos de auditoría e información social sobre la actividad y los planes de las transnacionales mineras y petroleras presentes en la región.

 

 

 


Shyam Kumari Shah. Mukti Nepal
Nepal
Fotografía: PBI

Shyam Kumari Shah es presidenta de Mukti Nepal, organización que trabaja en el Este de Nepal en casos de acusaciones de brujería y violencia doméstica, así como en casos de violación sexual, exigencia de dote y poligamia. Además trabaja para WOREC Nepal, una de las organizaciones líderes en derechos de las mujeres, donde coordina el trabajo de defensoras de derechos humanos en ocho distritos de la región central del Tarai. Realiza misiones de investigación por aldeas remotas. Defender los derechos de las mujeres desafía las normas y valores de una sociedad patriarcal, lo que le supone vivir en una situación de riesgo permanente, siendo objeto de amenazas y hostigamientos por parte de los pobladores de las aldeas que visita, por dirigentes de partidos políticos y, en ocasiones, intimidaciones de la policía.


Blanca Isabel Martínez. Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
México
Fotografía: PBI

Blanca Martínez es directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” en Coahuila, una de las regiones donde la violencia es la más intensa en México y donde es más difícil defender los derechos humanos. Trabaja en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y con la Casa del Migrante de Saltillo "Belén Posada del Migrante". Entre los trabajos que realizan se encuentra la asesoría a familiares de desaparecidos, brindando apoyo al colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC). Además, investigan y documentan las violaciones de derechos humanos que sufren los y las migrantes durante su viaje a través de México.

 

 

 


Doña Porfiria. Radio Ñomndaa
México
Fotografía: PBI

Radio Ñomndaa – La palabra del Agua, es una radio comunitaria que emite en el municipio de Xochistlahuaca, perteneciente a la zona Costa Chica del estado de Guerrero, México y da voz a la población indígena amuzga (nn`anncue). Este pequeño territorio es un espacio multicultural donde habitan Nancue Ñomndaa (Amuzgos), Na’savi (Mixtecos), Nahuas, Afromexicanos y mestizos. Radio Ñomndaa demanda el derecho a la libertad de expresión para su comunidad reconocido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido altavoz de las violaciones a los derechos humanos y colectivos, y se ha solidarizado y acompañado las luchas de los pueblos, comunidades y organizaciones sociales. Desde que salió al aire a finales de 2004, Doña Porfiria ha sido integrante del Comité de la Radio Ñomndaa, este hecho le ha supuesto ser objeto de hostigamiento, persecución, criminalización y agresiones.