4 de junio 2009

El caso de Príncipe Gabriel González ha sido reseñado por la Onu como un ejemplo de posibles abusos que comete la justicia contra los defensores de derechos humanos. Fue acusado de ser guerrillero, absuelto primero y condenado después. Ahora la Corte Suprema debe decidir si revisa el caso.

Por primera vez, un activista de derechos humanos colombiano apela ante la Corte Suprema de Justicia una sentencia en que lo condena.

El defensor es Príncipe Gabriel González, un líder estudiantil integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Norte de Santander que fue condenado el pasado marzo a siete años de cárcel por el Tribunal Superior de Bucaramanga. Lo culparon del delito de rebelión por liderar una milicia urbana de las Farc.

Para Andrew Hudson, de la ONG Human Right First (HRF), que ha estudiado varios procesos penales contra estos activistas, “la Corte Suprema debería mostrar con convicción que no tolerará que el sistema judicial sea utilizado para intimidar y silenciar a los defensores de derechos humanos”.

El caso de González ha generado preocupación en organismos internacionales por la manera como se ha desarrollado. De acuerdo con el informe ‘Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento’, elaborado por la HRF, este defensor fue capturado en Pamplona, Santander, y puesto en prisión en la Cárcel Modelo de Bucaramanga desde el 4 de enero de 2006 hasta el 4 de abril de 2007. 

Quedó libre después de que el juez José Alberto Pabón Ordóñez, en primera instancia, encontrara inconsistencias en la acusación hecha por la Fiscalía y la Procuraduría contra González.

La determinación de este juez se sustentaba en que, según definió, faltaba imparcialidad y credibilidad en las pruebas. Dijo que se había manipulado el sistema penal y desechó las declaraciones de los testigos. (Lea la sentencia).

www.semana.com/noticias-problemas-sociales/manos-corte-caso-emblematico-defensor-ddhh/124711.aspx