El abogado Jorge Molano y la voluntaria suiza Simone Droz

Simone Droz, voluntaria de Suiza (2009)

Según el abogado y defensor de derechos humanos Jorge Molano, en Colombia, para defender los derechos humanos hay que renunciar al derecho a la libertad.

Cuando preguntamos al abogado Jorge Molano si ha pensado en exiliarse al extranjero por los peligros que implica su trabajo, dice riéndose: «no, porque no podría comer gallina criolla con papas». 

Jorge lleva la mitad de su vida como abogado independiente de derechos humanos y trabaja en casos emblemáticos que involucran a militares de alto rango y a funcionarios de alto nivel, como José Obdulio Gaviria, ex asesor del Presidente Uribe Vélez. A pesar de los riesgos, durante muchos años no quiso hacer uso del esquema de seguridad proporcionado por el Estado. Sin embargo, debido a la exposición pública en medios de comunicación que han mostrado los casos que está llevando y las identidades de las personas involucradas, se ha visto obligado a asumir un esquema de protección. 

A Jorge le duele el hecho de que, en un país como Colombia, para defender los derechos humanos haya que renunciar al derecho a la libertad y a la intimidad. A pesar de estas limitaciones que vive el defensor y de los muchos compañeros que ha perdido en el camino, asesinados o en el exilio, mantiene la convicción de que la única opción es luchar con dignidad.

PBI ha acompañado a Jorge Molano en el marco de la Operación Dragón1, un plan diseñado desde altas instancias del Gobierno nacional, conjuntamente con la Fuerza Pública y empresas privadas, para asesinar a defensores de derechos humanos, líderes sindicales y miembros de la oposición en Colombia2. El departamento de inteligencia militar de la Brigada 3 del Ejército Colombiano en Cali contrató a dos empresas privadas de seguridad para recoger información sobre 170 defensores. Esta labor de inteligencia fue apoyada por la unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Cali, la policía de la misma ciudad y el DAS3. En 2004 el Senador del Polo Democrático Alexander López Maya fue alertado de este plan criminal. Según la información recibida, los primeros en la lista eran él mismo, seguido de la defensora de derechos humanos Berenice Celeyta, Presidenta de la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC) y el dirigente sindical Luis Antonio Hernández Monroy. 

El caso de la Operación Dragón se puede ver como un antecedente de las actuales  interceptaciones ilegales del DAS, comenta Molano. La persecución por parte del Estado, los seguimientos ilegales y la infiltración de esquemas de seguridad hace pensar que la vida de los defensores de derechos humanos se ha puesto en manos de sus victimarios

Según Molano, PBI le ha «permitido hacer diligencias con testigos, en comandos de la policía, del ejército; pero más que entrar con seguridad me ha permitido salir vivo». Sin embargo para él, PBI no es solamente una presencia física, sino también un reconocimiento de la situación de los derechos humanos que legitima el trabajo de los defensores fuera del país mediante su testimonio de la realidad que vive Colombia.

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1«Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento Presos y señalados en Colombia», Human Rights First, febrero de 2009, páginas 25 y 31

2 Ibíd., página 31

3 Ibid.