Voluntarios de PBI acompañan a la Comisión de Búsqueda que se creó cuando se supo de la masacre.

A medianoche del 22 de febrero de 2005, Jesús, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, nos llamó urgentemente a la casa de PBI en Turbo.  Nos contó que ocho miembros de la comunidad habían desaparecido, incluyendo el líder Luís Eduardo Guerra, y que la comunidad temía por su seguridad. Jesús nos pidió un acompañamiento internacional para una comisión con el fin de buscar a las personas desaparecidas.

Robert, un voluntario español de PBI, otros tres internacionales, Elkin (un abogado colombiano especializado en derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad) y yo fuimos a la Comunidad de Paz para acompañar a cien mujeres y hombres en la búsqueda de sus amigos y familiares. La comunidad se organizó para ir en grupos grandes, como medida de protección, y en un acto de solidaridad.

La comisión salió a las cuatro de la mañana del día 24 de febrero, camino a la casa de Alfonso Bolívar, uno de los miembros más activos de la Comunidad de Paz. El sendero era abrupto y estaba embarrado. Después de siete horas de caminata finalmente llegamos a la finca. Tropas del ejército y de la policía nos rodearon y Robert les explicó que éramos trabajadores internacionales acompañando a una comisión civil y que nuestro equipo había informado personalmente al Vicepresidente de Colombia, al general de la Brigada XVII y a varias embajadas y cuerpos de la ONU de nuestra presencia allí.  El oficial militar que estaba al mando comunicó a sus tropas la orden de bajar las armas y dejar pasar a la comisión.  

Cuando llegamos contemplamos una escena horrorosa: un humilde hogar familiar con restos de sangre salpicada por toda la entrada de la casa, cartuchos de bala vacíos en suelo, y la mano descuartizada de una niña pequeña, sobresaliendo de un montón de cáscaras podridas de frutos de cacao. Un dolor silencioso nos superó.  

Llamé al equipo de PBI en Turbo y les dí la ubicación exacta de la finca para que el equipo forense de la Defensoría del Pueblo nos pudiera encontrar fácilmente.  Su helicóptero aterrizó pocas horas después y las autoridades y científicos se pusieron a trabajar inmediatamente.  El proceso forense fue observado por el abogado colombiano, varios líderes de la comunidad y tres acompañantes internacionales.  

Los investigadores encontraron tres adultos y dos niños pequeños en la fosa común.  Las personas adultas mostraban marcas de tortura realizadas con machete. Las cinco habían sido decapitadas. Las víctimas de la masacre eran: Alfonso Bolívar; su pareja, Sandra Muñoz; sus hijos, Natalia (6 años) y Santiago (2) y un trabajador campesino, Alejandro Pérez.  

Cuando llegó el helicóptero para recoger al equipo forense y las bolsas plásticas que guardaban los restos humanos, la comisión se preparó para continuar la búsqueda, camino a la casa de Luís Eduardo Guerra y su familia. A punto de salir, nos impactó dolorosamente ver a los soldados tomándose fotos  frente a las bolsas que contenían los cuerpos, haciendo señales de victoria con sus dedos.  

Después de unas cinco horas más de caminar, sin ningún indicio de las personas desaparecidas,  acampamos en una finca abandonada hasta el amanecer siguiente.  Estuve a la cabeza de la comisión ese día, y después de seguir el río durante mucho tiempo, tropecé con el cráneo de Deiner, un niño de 10 años con quien había compartido dulces y ratos libres  durante las semanas anteriores, juguetón pero tímido. Todos continuamos entumecidos río arriba hasta encontrar los tres cuerpos de Luis Eduardo Guerra, su pareja Beyanira Guzmán y los restos de su hijo Deiner.

Mientras esperábamos al equipo forense, hicimos turnos espantando los cuervos y los chanchos que intentaban comerse los cadáveres.  Esperamos hasta el atardecer, pero cuando  vimos que no iba a llegar ningún miembro de la Defensoría, una parte de la comisión, acompañada por nosotros, volvió a San José de Apartadó, dejando atrás, como guardia de las últimas víctimas de la masacre, a un grupo de 25 miembros de la comunidad y al abogado de derechos humanos.  

La vuelta a Turbo fue mareante. PBI había movilizado una acción urgente y miembros de todos los equipos estaban ocupados enviando correos, llamando por teléfono y reuniéndose con cualquier actor que tuviera un rol o responsabilidad en la resolución de la masacre.  PBI me envió a Bogotá para reunirme con docenas de representantes de la ONU y de distintas embajadas, y con autoridades civiles colombianas de alto nivel, para promover la protección de los miembros de la comunidad de paz y exigir una investigación transparente sobre la masacre. 

Cinco años después seguimos acompañando a los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una comunidad pionera y ejemplar, que siguen defendiendo sus principios de no violencia, justicia, solidaridad, libertad, diálogo y respeto.

Reclamando justicia integral

El caso de la masacre del 21 de febrero del 2005 tuvo mucha repercusión en la comunidad internacional por la crueldad de los hechos, que incluyeron a víctimas menores de edad. En un primer momento el Gobierno expresó que los responsables de la masacre eran las FARC1. Sin embargo, desde 2007 varios militares de la Brigada XVII están siendo investigados2 y este año empezó el juicio a diez de ellos, bajo cargos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir3. Asimismo, en 2008 un capitán se acogió a sentencia anticipada reconociendo su responsabilidad en los hechos4. Esos militares habrían actuado en conjunto con paramilitares5. Es destacable el contexto amplio de agresiones que ha sufrido la Comunidad desde su creación en 1997: más de 165 casos de asesinatos y desapariciones forzadas y casi 600 casos de violaciones de derechos humanos reportados6. 

A su vez, otros tres coordinadores han sido asesinados desde los hechos de la masacre7. La mayoría de estos crímenes siguen en la impunidad. La Comunidad de Paz es beneficiaria de medidas provisionales recomendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instan al Estado colombiano a disponer «de forma inmediata las [medidas] que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó»8.

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1 «La comunidad tenía razón», El Tiempo, 24 de julio 2007; «Audiencia de juzgamiento a militares será en diciembre, niegan nulidad de juicio por masacre en Comunidad de Paz», El Tiempo, 26 de agosto 2009

2 «Verdades de la masacre de San José de Apartadó», El Espectador, 2 de agosto 2008; «Por homicidio en persona protegida y terrorismo, a indagatoria 56 Militares», El Tiempo, 22 de febrero 2007

3 «Audiencia de juzgamiento a militares será en diciembre, niegan nulidad de juicio por masacre en Comunidad de Paz», El Tiempo, 26 de agosto 2009

4 «Capitán (r) del Ejército aceptó su responsabilidad por masacre de San José de Apartadó», El Tiempo, 1 de agosto 2008

5 «Verdades de la masacre de San José de Apartadó», El Espectador, 2 de agosto 2008; «Audiencia de juzgamiento a militares será en diciembre, niegan nulidad de juicio por masacre en Comunidad de Paz», El Tiempo, miércoles 26 de agosto 2009

6 «La Historia vivida», Comunidad de Paz De San José de Apartadó, 21 de diciembre 2006

7 «Paramilitares asesinan a Dairo», Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 15 de julio 2008; «Cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y población de la zona, con posterioridad al 7 de agosto de 2002 », Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 31 de enero 2008

8 «Medidas provisionales respecto a Colombia, asunto de la comunidad de paz de San José de Apartadó», Resolución de la Corte Interamericana de derechos humanos, 6 de febrero 2008