México D.F., 26 de mayo de 2014. Peace Brigades International – Proyecto México (PBI México) observa con fuerte preocupación la reciente tendencia a restringir los derechos a la libertad de expresión y la protesta social en distintos estados de México y, en consecuencia, a limitar la labor de personas defensoras de los derechos humanos en el país.
El 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la llamada Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, que autoriza el uso de armas letales para dispersar manifestaciones. Asimismo, el 15 de mayo el Congreso de Chiapas aprobó una iniciativa que permite los operativos preventivos en caso de que una manifestación se torne violenta.
A fines de abril, el estado de Quintana Roo aprobó la nueva Ley de Ordenamiento Cívico, que prevé que la administración pública “tomará las medidas necesarias” para controlar manifestaciones. Órganos legislativos a nivel local y federal han debatido iniciativas para regular la protesta social en el Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha indicado que dichas iniciativas tienen un enfoque “prohibicionista”, a través del cual “lejos de fomentarse y protegerse los derechos de reunión, manifestación y protesta social, se utilizan métodos represivos y criminalizantes”.
Estas iniciativas legislativas vienen en un momento en el que la sociedad civil mexicana ha denunciado el contexto de represión y violaciones cometidas contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos durante marchas y actos de protesta. Debido a este contexto, diversas organizaciones han conformado el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que recientemente emitió el informe “Control del espacio público: Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual Gobierno”.
El Frente ha condenado la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que regula el estado de excepción y da un “margen amplio de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para justificar el establecimiento de la suspensión de garantías ... posibilitando así su utilización política con propósitos de control social y criminalización de la protesta”.
PBI ha observado con fuerte preocupación estas recientes iniciativas legislativas, que pueden tener un impacto directo sobre el derecho de las personas defensoras de derechos humanos de llevar a cabo su legítima labor. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos estipula el derecho de estas personas a reunirse y manifestarse pacíficamente, así como a denunciar violaciones.
Es preocupante que reformas legislativas aumenten la posibilidad de que defensoras y defensores de derechos humanos sufran violaciones por su trabajo. La criminalización del derecho a la protesta social es contraria a los tratados internacionales ratificados por México y debilita la promoción de los derechos humanos en el país.
Es igualmente preocupante que dichas iniciativas legislativas hayan sido aprobadas sin consulta previa con la sociedad civil, como ha sido denunciado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). La Red TDT también ha señalado la “ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades”.
PBI reconoce el derecho de defensoras y defensores de reunirse y manifestarse pacíficamente, como ha expresado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos.
PBI insta el Estado mexicano a garantizar y proteger los derechos a la protesta social, a la reunión y a la libertad de expresión reconocidos a nivel internacional y nacional. Asimismo, PBI llama a las autoridades federales y estatales a llevar a cabo procesos de diálogo y consulta con la sociedad civil mexicana al momento de regular dichos derechos. Finalmente, PBI llama el Gobierno mexicano a reconocer, proteger y promover la labor de todas las personas defensoras de derechos humanos en el país, para que tengan un ambiente propicio y seguro para el desarrollo de sus actividades.
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Niamh Ni Bhriain
Coordinadora de Relaciones Públicas e Incidencia
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