Ciudad de México, 13 de septiembre de 2016.– El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitó México por primera vez en una visita oficial entre 29 de agosto y 7 de septiembre. El Grupo de trabajo tiene como parte de su mandato promover la aplicación efectiva de los ´Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos´1. En la visita, los miembros del Grupo se reunieron con entidades del gobierno mexicano y empresas. Además, Dante Pesce y Pavel Sulyandziga, los miembros del Grupo, se reunieron con defensores y representantes de comunidades afectadas por actividades empresariales en encuentros y escucharon testimonios sobre 81 casos en la Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Sonora, y Xochicuatla. Por ejemplo, la defensora comunitaria Isabel Jimenez presentó su caso de la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales y habló sobre los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y también expuso las violaciones documentadas durante el proceso de consulta realizado en 2014 para la construcción de un parque eólico de la empresa Eólica del Sur en la misma región, una situación que PBI ilustró con el documental `Tierra del Maiz` que se puede ver en bit.ly/TierraDelMaiz. En este contexto, es preocupante que, funcionarios del gobierno del Estado de Oaxaca ante el Grupo de Trabajo ¨expresaron su frustración de que la “cuestión indígena” hubiera retrasado el proyecto.¨

En la última reunión con la sociedad civil en el municipio de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, más de 28 representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil pidieron al Grupo de Trabajo “que sean nuestra voz ante el mundo de lo que está pasando en México, que hagan que aflore la verdad”. En el marco de esta visita, el Grupo de trabajo comenta que se reunió con empresas como Grupo Bal, Grupo Bimbo, Eólica del Sur, CEMEX, Grupo México, Goldcorp, Transcanada, la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX. Sin embargo, comenta que sólo el Grupo Higa, a cargo de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan en Xochicuautla, no respondió a la petición del Grupo de reunirse.

Informe de la Sociedad Civil

En el marco de la visita del Grupo de Trabajo, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil, entre ellos varias organizaciones acompañadas por PBI -Código DH, la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan- realizaron el informe `México: Empresas y Derechos Humanos` con fichas de 68 casos con el objetivo de dar una perspectiva sobre la situación de empresas y derechos humanos a nivel nacional, entre ellos los casos del asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solis en el estado de Chihuahua, el parque Eólica del Sur en el Istmo de Juchitán, Oaxaca, y el proyecto minero de San Miguel del Progreso en Guerrero. A través de su acompañamiento al Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos, PBI apoyó el proceso de elaboración del informe.

¨El gobierno y las empresas mexicanas deben escuchar a las comunidades afectadas y a los defensores de derechos humanos¨

En las observaciones iniciales del grupo, presentadas el 7 de septiembre, afirmaron que organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México.¨ El grupo conoció las historias de diferentes defensores y defensoras que ¨expresaron que continúan recibiendo ataques, amenazas, diversas formas de acoso y agresiones en su contra como resultado de su labor de proteger y promover los derechos humanos,¨ y señaló que las y los defensores medioambientales y líderes indígenas han sido particularmente blanco de ataques cuando han mostrado oposición a proyectos de desarrollo. El Grupo de Trabajo también precisó que vio al Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos como ¨una gran oportunidad para traducir la voluntad política en acciones reales, permitiendo al Gobierno ejercer liderazgo¨ pero que hacia falta la ampliación de integrantes del grupo del PNA para que incluya, entre otros, pueblos indígenas.

En la conferencia de prensa, el Grupo de trabajo subrayó la importancia de que ¨los funcionarios de alto nivel del gobierno, así como las y los CEO de las empresas deben tomar una postura clara de que la intimidación y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos no son aceptables y no serán tolerados.¨ También comenta que aunque el gobierno mexicano ha dado pasos importantes con la creación del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos y periodistas, con frecuencias los casos permanecen impunes, una afirmación que retoma las conclusiones publicadas por PBI y WOLA en mayo de 2016, en un informe sobre la implementación del mecanismo.

Un día después de la visita del Grupo, las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el informe `México: Empresas y Derechos Humanos´ exigieron al gobierno mexicano el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, así como reconocer la labor de los defensores de los pueblos indígenas y territorio.

 

1¨Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; y la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. ¨