Cuatro Relatorías Especiales de la ONU[1] han dirigido una carta al gobierno de Colombia, expresando sus preocupaciones por las amenazas de muerte y actos de intimidación cometidos en contra del abogado y defensor de los derechos humanos Germán Romero Sánchez, miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DHColombia).

En el transcurso del año 2023, Romero ha recibido llamadas telefónicas de personas desconocidas amenazándole a él y a su familia, específicamente a sus hijas menores, ha sido objeto de seguimiento y de vigilancia, así como de amenazas a su integridad física.

Varias Relatorías Especiales de la ONU habían enviado cartas al gobierno de Colombia sobre la situación de riesgo de German Romero en 2019 y 2012. Tras años de amenazas y de acciones en contra de sus hijas, German tuvo que salir del país con su familia en 2021, antes de regresar a Colombia al finales de 2022.

Las amenazas se realizan mientras Romero investiga a integrantes de la policía nacional por su presunto papel en los homicidios ocurridos en Bogotá en el marco de las protestas de septiembre de 2020.

Los procedimientos especiales piden al gobierno de Colombia proporcionar información sobre las investigaciones de las amenazas llevadas a cabo, así como sobre las medidas de protección brindadas a German Romero y a su familia.

El gobierno de Colombia ha respondido explicando que los hechos están siendo investigados por la Dirección de Asuntos Internacionales de la fiscalía general de la Nación. Además, clarifica que Romero “viene siendo beneficiario de medidas [de protección] desde el año 2013”.

Germán Romero Sánchez es un abogado y defensor de los derechos humanos, con un gran reconocimiento por su representación legal de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y otros crímenes perpetrados principalmente por fuerzas de seguridad del Estado. Ha representado a víctimas en procesos judiciales emblemáticos en los cuales se ha investigado la responsabilidad de altos mandos militares de Colombia, y algunos que se han adelantado frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Romero es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).